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Ley del amianto

06 Abril 2017

Poca gente habrá que no conozca el amianto; si no con su nombre, seguro con el de la empresa que lo comercializaba en las décadas de los 70-80, Uralita. Este material, además de por sus características ideales en cuanto a resistencia o ligereza, fue muy utilizado por ser muy económico. Sin embargo, lo que menos gente sabe y debería es que el amianto, cuando es manipulado, desprende fibras que, de ser inhaladas o ingeridas, pueden provocar distintas dolencias pulmonares muy graves. Desde la década de los 70 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ya puso en conocimiento este hecho, así como que no existe un valor mínimo seguro de exposición.

En nuestro país, según estudios y estimaciones realizadas, se habla de alrededor de 235.000 trabajadores/as afectados y alrededor de 80.000 personas que habrán muerto por enfermedades relacionadas con la exposición al amianto hasta 2030. Pero estas estimaciones se refieren a personas que, por su relación laboral, han sufrido exposición directa; habría que estimar también las personas que, sin ser trabajadoras, también están expuestas, ya sea por relación familiar o por cercanía física con infraestructuras con amianto. Lo que aumentaría en mucho los datos que se manejan actualmente.

En estos días hemos presentado una proposición no de ley para la eliminación de las conducciones de agua potable de fibrocemento en un máximo de 5 años, además de otras iniciativas parlamentarias registradas alrededor del amianto, realizadas tanto en el Congreso como en parlamentos autonómicos y otras administraciones más locales. Se han llevado iniciativas sobre otros aspectos del impacto del amianto, especialmente referidos a territorios concretos como Galicia, y sobre la necesidad de constituir un fondo para garantizar el acceso a compensaciones.

Para nosotras es fundamental empezar a tratar los distintos aspectos del amianto en España e iniciar un ambicioso plan de sustitución de este material tanto en infraestructuras públicas como privadas. En algunas comunidades como Andalucía ya se aprobó un plan para su eliminación en los colegios, pero debemos seguir avanzando. La sustitución del fibrocemento en las tuberías de conducción de agua potable resulta prioritario por el gran impacto que tiene. Hemos de garantizar su aprobación, planes de seguimiento y la realización de una auditoría a la mayor brevedad para saber dónde y en qué situación se encuentran.

Según los datos que arroja la Encuesta Nacional de 2012 de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en Españ?a, realizada por la Asociació?n Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (AEAS), y la Asociació?n Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA), estamos ante aproximadamente unos 40.000 Km de conducciones de agua potable fabricadas con fibrocemento. Por tanto, la posibilidad de estar expuesto a fibrocemento a través de la red de agua existe y es real. Pero ahora mismo no podríamos afirmar con exactitud dónde ni en qué proporción se encuentran. Sí nos indican las personas expertas que estas conducciones de amianto son más comunes en los núcleos urbanos más pequeños y rurales, ya que las inversiones en sustitución de infraestructura hidráulica han sido menores.
Sin embargo, y esto es extremadamente preocupante, en muchos otros objetos e infraestructuras de nuestro país, este material sigue presente. Las conducciones del agua son un primer paso, pero no puede ser el único, ni resolvería en su totalidad el riesgo.

Desde Europa nos vienen hojas de ruta claras para transitar hacia un país sin amianto: La Resolución del Parlamento Europeo sobre los riesgos del amianto aprobada en 2013 avanza más allá de la prohibición de producción, uso y distribución del amianto, estableciendo su sustitución con plenas garantías en materia de salud y protección en el trabajo. Pero una vez más hemos de lamentar la lentitud proverbial de los gobiernos de España que no sólo no han iniciado esta sustitución (salvo algunas honrosas excepciones) sino que, en la mayor parte de los casos, no se tiene constancia de en qué infraestructuras se encuentran todavía hoy materiales derivados del amianto. Los riesgos para la salud tanto de las personas trabajadoras como de la ciudadanía en general son más que evidentes.

A pesar de que España aprobó razonablemente pronto prohibiciones en cuanto a producción, comercialización y uso del amianto, respecto a los plazos de la UE, lo cierto es que no ha habido interés en iniciar soluciones en la línea de lo que propone la misma UE en su directiva: ni abordar de manera integral el problema ni ponerse calendario para ir avanzando actuaciones. La sustitución está llegando muy lenta y costosamente, y siempre después de una lucha feroz por parte de familiares y vecinos de la infraestructura con amianto en cuestión.

Tampoco hemos hecho los deberes como país en lo que respecta a la compensación de las víctimas de la exposición a amianto y materiales derivados. Y, aunque creemos que, en primer lugar, los costes han de asumirlos quienes se han lucrado utilizando este material a costa de la salud de la clase trabajadora y población en general, no es menos cierto que, si el Estado no ha sido capaz de poner en marcha las medidas necesarias para cumplir la ley y que las empresas asuman sus costes, de manera subsidiaria éste debería asumirlo.

Por la gravedad de los hechos, por la necesidad de acometer tantos y tan variados frentes, es por lo que nos ponemos como meta el debate de una Ley del Amianto que permita abordar el problema de manera integral y que dé una solución definitiva a este grave problema de salud pública.

Fuente: www.mundoobrero.es

http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=6763

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