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Un despacho se aferra a Ley Concursal para que afectados por Uralita reciban indemnización

07 Junio 2024

Opamianto, marca del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, ha presentado este jueves su estrategia para que los afectados por amianto que estén pleiteando o dispongan de una indemnización reconocida por sentencia firme contra la antigua Uralita puedan percibir su dinero a pesar del concurso de acreedores de la compañía.

Según han explicado en una rueda de prensa los abogados José Pajares y Andrea Peiró, la nueva línea de actuación, que comenzarán a invocar, como muy tarde, a partir del próximo 1 de septiembre, pasa por que el concurso de la empresa reconozca a los perjudicados como «acreedores involuntarios», con el objetivo de dotarlos de unas opciones de cobro preferente que ahora no tienen.

El 30 de enero de 2020, la Corporación Empresarial de Materiales de Construcción (Coemac), la antigua Uralita, comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había acordado solicitar, al juzgado competente, su concurso de forma voluntaria tras analizar en profundidad su situación económica y financiera.

A tenor de su versión, la insolvencia que arrastraba se había producido ante la imposibilidad de generar suficiente liquidez para hacer frente a las reclamaciones derivadas de la fabricación de fibrocemento con amianto, actividad en la que el grupo cesó hacía casi veinte años.

Dos años más tarde, el 23 de febrero de 2022, Coemac pidió a la Justicia iniciar su proceso de liquidación, así como el de sus filiales Adequa WS y Aust, todas concursadas.

Dicha solicitud se produjo después de haber ejecutado la venta de su unidad productiva y la de Adequa WS a Molecor Canalizaciones por 45,5 millones de euros, y tras completar las actuaciones pendientes que debía realizar el comprador tras la operación.

Ahora, Opamianto ve esperanza en la Ley Concursal, más concretamente en su artículo 242, que reconoce como crédito contra la masa aquellas obligaciones de pago contraídas por la empresa antes o después de la declaración de concurso fruto de indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, con independencia de la fecha de la resolución que las declare.

Este sería el caso de los afectados por el amianto, un colectivo del que no hay un número oficial y que se extiende por todo el país, con especial incidencia en polos industriales como el de Getafe (Madrid) y sobre todo, el de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), que fue la primera población de España en producirlo.

El estatus de acreedor involuntario y de crédito contra la masa daría más visibilidad al posible cobro de las indemnizaciones que, en estos últimos años, los tribunales han venido reconociendo a los trabajadores o a sus familiares por los daños y perjuicios contra la salud causados por este material.

En opinión de José Pajares, esta vía no se había explorado todavía porque, hasta ahora, estos procedimientos han recaído en el ámbito estrictamente laboral, de modo que al ver que Uralita «ha concursado y se han suspendido las ejecuciones de sentencia», se ha acatado la situación.

Pero queda la opción del derecho concursal, prosigue, e insiste en que van a luchar por que compañías como esta no intenten eludir su responsabilidad declarándose en concurso de acreedores.

Por lo pronto, el despacho reclamará como acreedor involuntario de las víctimas que ya representa, aunque insiste en que la intención no es «atraer personas», sino que los propios bufetes de abogados que han conseguido sentencias a favor de los afectados se decanten por esta táctica.

«Hay dos caminos, que lo hagan como nosotros o que lo hagan con nosotros, porque juntos tendríamos más fuerza», ha aseverado Pajares.

Mención aparte han dedicado los abogados al fondo de compensación, dotado con 25 millones de euros, para la reparación de los daños y perjuicios para la salud de las víctimas del amianto, que fue aprobado de manera definitiva y por unanimidad por el Senado el 5 de octubre de 2022.

Conforme al planteamiento inicial, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el texto daría un plazo máximo de tres meses para el desarrollo del reglamento necesario para poner en marcha e iniciar las actividades del fondo.

Sin embargo, el fondo «está en el sueño de los justos», ha lamentado Andrea Peiró, letrada que ha defendido los intereses, entre otros, de la familia del periodista José María Iñigo en su litigio contra RTVE. EFECOM

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