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Amianto, la pandemia silenciosa

25 Febrero 2021

La emergencia sanitaria del coronavirus ha puesto sobre la mesa uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la ciudadanía en este siglo XXI: la crisis medioambiental y el peligro de que ésta pueda derivar en otras pandemias. Uno de esos riesgos se encuentra presente entre nosotros desde hace años: las enfermedades causadas por el amianto. Las microscópicas partículas en suspensión de este peligroso material potencialmente cancerígeno han provocado miles de muertes en la última década. Un problema que, según los expertos, irá a más si las Administraciones no le ponen remedio, dada la degradación que el paso del tiempo causa en las construcciones y vertidos donde se encuentra presente.

La contaminación causada por este material presente en miles de construcciones antiguas supone un serio problema para la salud pública, hasta el punto que las muertes causadas en España por la inhalación de las invisibles fibras de amianto podrían llegar a las 130.000 antes de 2050 si no se le pone remedio. Así lo indica un reciente informe remitido al Parlamento por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) para reclamar al Gobierno la elaboración de una Ley Integral del Amianto, en base a un manifiesto firmado junto a una treintena de entidades más para acabar con esta “amenaza global”. Tan sólo en el ámbito laboral, en 2020 se produjeron un total de 23 decesos profesionales confirmados por culpa de este material, según UGT.

El problema está sobre la mesa, pues la propia Unión Europea insta a sus Estados miembros a erradicar esta sustancia tóxica antes de 2032. Según SEPAR, el actual contexto de reconstrucción económica causado por la crisis del coronavirus supone “una oportunidad única” para abordar esta cuestión en España. Aunque, según anunció el neumólogo Josep Tarrés en la reciente charla Amianto Nunca de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), en dichos planes de recuperación no constan, por ahora, partidas destinadas en concreto a la erradicación del amianto.

Peligro para la salud

Tarrés, autor de diversos estudios sobre esta problemática, recuerda que el amianto es el causante de todos los mesoteliomas (cáncer de pleura), de entre un 10% y un 15% de los de pulmón y en algunos casos de laringe o esófago. 

Dichas enfermedades pueden aflorar a partir de los 20 años a la exposición a las fibras, hecho que explicaría el progresivo aumento de muertes por mesotelioma, pasando de los menos de 500 casos detectados entre 1976 y 1980 a los casi 1.400 diagnosticados entre 2016-2020 en nuestro país, un 60% más que hace 30 años, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica.

Tarrés también avisa que, según algunas estimaciones, más del 70% del amianto instalado en España ha llegado al final de su vida útil, esto es, el periodo a partir del cual se desprenden las fibras y se convierte en un material peligroso. Una vida útil que estima entre los 30 y 35 años, aunque entidades como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la llegan a estipular entre los 20 y 25. Con lo cual, teniendo en cuenta que la mayoría de construcciones con amianto superan los 40 años, ese riesgo de desgaste resulta evidente.

Omnipresencia

El amianto fue un componente muy utilizado en la construcción hasta diciembre de 2002, fecha en la que se prohibió su instalación. Entre los elementos donde se encuentra presente figuran, por ejemplo, las placas onduladas de fibrocemento –la uralita, omnipresente en multitud de tejados de viviendas y naves industriales--, así como también en aislantes, bajantes, conducciones de agua, depósitos o bien en proyectados ignífugos de edificios y garajes, entre otros, tal y como refleja la Guía del Amianto de la Asociación de Víctimas y Afectados por el Amianto de Cataluña (AVAAC).

El peligro de la inhalación de amianto aumenta por el desgaste o la rotura de los materiales en los que se encuentra presente. Un enemigo invisible cuyos daños pasan factura tiempo después. Y es que la enfermedad tiene un periodo de latencia lento, es decir, tarda en aparecer hasta 20 o 30 años después de la exposición a las fibras cancerígenas. Incluso aún en el caso de que ésta sea esporádica.

Censo pendiente

Las fuentes de exposición pueden ser laboral, de convivencia --en el caso de trabajadores que, sin saberlo, han estado llevando las partículas a sus casas-- y ambiental. En la actualidad, los trabajadores con más riesgo por lo que respecta al primer punto son aquellos que realizan tareas de desamiantado y operaciones de mantenimiento de edificios e instalaciones que lo contienen. Y la afectación ambiental, según Tarrés, es múltiple: desde las fábricas donde se utilizaba, el derribo de edificios sin las medidas de protección adecuadas, la proximidad a vertederos con amianto o a materiales deteriorados, hasta dentro del hogar, en focos no visibles como los conductos del aire o aislantes.

De ahí la importancia de realizar, en primer lugar, un censo exhaustivo del amianto presente hoy en día en nuestros pueblos y ciudades. Así lo señalaba Lluís Mallart, técnico higienista experto en la materia, en la misma charla de la comisión de amianto de la FAVB: “Primero hay que hacer el censo del amianto en Cataluña, y a partir de ahí, generar la retirada de lo más degradado. Y eso aún no lo sabemos”, reconoce.

Legislación insuficiente

La falta de una legislación suficiente y actualizada y de unos protocolos de actuación claros dificulta todavía más la forma de afrontar y resolver esta grave problemática de salud pública. Desde las instituciones comunitarias, una resolución del Parlamento Europeo de marzo de 2013 centrada en el ámbito laboral reclamaba a los Estados miembros identificar y censar todo el amianto instalado y a desarrollar planes de erradicación en el menor tiempo posible. Sobre este último punto se ha referido también el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2015/C 251/03), que marca como objetivo prioritario eliminar todo el amianto antes de 2032. Sin embargo, “al no ser vinculantes, existe dejadez”, lamenta Tarrés,

El neumólogo, al igual que otros muchos especialistas, lleva años reclamando que este asunto se aborde como “una prioridad de la agenda política por parte del Gobierno y las administraciones autonómicas y locales”, pues en su opinión nos hallamos ante “una pandemia de grandes proporciones, evitable y no atenderla es una gravísima irresponsabilidad de los políticos y los agentes sociales que provocará muerte y sufrimiento en las generaciones futuras”.

La legislación española, todavía a día de hoy, continúa tratando la contaminación por amianto como un asunto de ámbito sólo laboral: “Y apenas existe un Real Decreto. Es tremendo que en pleno siglo XXI aún no haya una ley que permita tratar el amianto como un problema de Salud Pública”, lamenta Mallart. Cosa que complica aún más la ingente labor de desamiantar. Empezando por a quién le corresponde hacerlo: “¿Quién se encarga de gestionarlo? ¿El Distrito, la Consejería de Trabajo, Salud Pública, el Estado? Hay que ponerse de acuerdo en quién asume las competencias para erradicarlo”, señala el experto. “Duele que las plataformas vecinales estén alertas de casos concretos, y los denuncien, y sean ellos quienes tengan que arrastrar a las Administraciones y técnicos para resolverlo. Las Administraciones deberían ir por delante, velar por el vecindario”, denuncia.

El caso del Turó de la Rovira

A esta labor llevan años entregados asociaciones de vecinos y activistas como Miguel Moreno, miembro de la Plataforma de Jubilados de Macosa Alstom Afectados por el Amianto. Este extrabajador conoce de primera mano la gravedad del asunto, pues a lo largo de las últimas dos décadas ha ido viendo cómo muchos de sus excompañeros enfermaban o morían por patologías derivadas de su contacto con el amianto.

Además de apoyar a los afectados, Moreno y otros exempleados de esta empresa de Barcelona también se han dedicado en los últimos años a denunciar otros casos de riesgo medioambiental por amianto, acompañando a las asociaciones vecinales en esta labor. Por ejemplo, en el barrio de Can Baró, por la multitudinaria presencia de restos de uralita procedentes de los derribos de las antiguas barracas y de vertidos ilegales en el Turó de la Rovira, y que se encuentran desperdigados por toda la montaña, caminos y escaleras a los pies de los ahora turísticos Búnkers del Carmel. Un problema que, pese a las esporádicas labores de limpieza realizadas por el ayuntamiento, continúa muy lejos de resolverse. Entre otras razones, porque los restos afloran de forma continua por la erosión y la lluvia, por ejemplo.

Así llevan años denunciándolo los vecinos de la Plataforma Can Baró, cuya comisión de amianto ha vuelto a expresar su malestar recientemente denunciando la ineficiencia municipal por gran cantidad de restos de uralita presentes en la zona después de las tareas de recogida efectuadas en noviembre por una empresa especializada subcontratada por el consistorio barcelonés, así como la ausencia de fiscalización sobre las mismas.

Falta de coordinación

Moreno lamenta que las Administraciones sigan sin dar una respuesta global a éste y otros tantos casos similares: “En las últimas décadas se ha echado una manta sobre el tema. Hasta hace poco, era como un tabú. Hay uralita, por ejemplo, en muchos tejados viejos, incluso junto a colegios, donde los chavales van y vienen. Y no lo ven”, lamenta. Un fenómeno que se da también a muy pocos metros de parques como el de los Jardins Pla i Armengol del barrio barcelonés del Guinardó, inaugurado hace apenas un año, tal y como denunció este medio.

El activista apunta que, desde octubre de 2019, existe un acuerdo por parte de la Generalitat para desarrollar una ley de erradicación del amianto en Cataluña. Aunque advierte que no es suficiente: “También es necesaria la cooperación del resto de Administraciones. Que se impliquen todas: Ayuntamiento de Barcelona, Área Metropolitana (AMB), colegios profesionales… Faltan las diputaciones de Lleida, Tarragona y Girona, por ejemplo. Y luego, una vez hecha la ley y exista ese compromiso, será necesario el dinero. Si hay entendimiento, habrá que conseguirlo. Ya sea desde Europa, o desde donde sea. Esta pandemia está en la calle, y sólo se acaba con ella retirando el amianto” apunta.

Ardua tarea

Según los datos del Govern, en Cataluña todavía quedan más de cuatro millones de toneladas de fibrocemento, y entre unas 6.000 y 30.000 toneladas “de proyectados y calofigurados". En el caso de Barcelona, según la FAVB, el Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido la existencia 240 hectáreas recubiertas de amianto.

El desamiantado de cualquier instalación requiere de extremas medidas de seguridad para evitar la dispersión de fibras en el aire y debe ser realizado por empresas especializadas, tal y como ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en el caso del Mercado de la Abacería del barrio de Gràcia.

Fuente: www.cronicaglobal.elespanol.com

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