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Alarma en las víctimas del amianto: «Uralita quiere irse de rositas»

20 Febrero 2020

«Que no me vengan con historias de que no tienen dinero. Tiene que haber un responsable de todo esto». Maite Martín está indignada por que la antigua Uralita se declare ahora insolvente para reparar las secuelas del amianto. Es la única con vida de 39 perjudicados de Cerdanyola y Ripollet por los que una sentencia instó a la empresa en 2017 a abonar más de dos millones de euros en indemnizaciones. «Por probabilidades, no me tocaría estar aquí. Soy una superviviente. Me dieron una esperanza de vida que no llegaba a dos años. Y ya llevo nueve luchando sin parar y con quimioterapia», recuenta.

Ni ella ni los demás que constan en la resolución trabajaron en la fábrica de material de fibrocemento, abierta hasta 1997 en el límite entre ambas poblaciones barcelonesas. Residían a escasa distancia de la nave o convivían con empleados: hay esposas e hijas de operarios que, al cabo de las décadas, han muerto por aspirar las fibras de la sustancia al limpiar los monos de trabajo. Uralita diseminó el polvo tóxico sin control, sembrando el germen de patologías y cánceres pulmonares que todavía afloran, más de 20 años después de cerrar la factoría. La compañía aún no ha transferido las compensaciones por aquellos 39 casos, los primeros en los que un tribunal reconoció a damnificados que no pertenecieron a la plantilla. Recurrió al Tribunal Supremo, pendiente de pronunciarse.

La reprimenda se repitió en noviembre, con otras ocho víctimas del amianto que se dispersó en Cerdanyola y Ripollet. Solo una vivía al dictarse el fallo, que impone 3,4 millones de euros en indemnizaciones a Coemac, como Uralita se rebautizó en 2015. Es el mayor importe exigido en España por negligir con el material nocivo, prohibido comercializar desde 2002. Menos de tres meses más tarde, la empresa pidió ser declarada en concurso de acreedores.

En la nota que envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Coemac se dice incapaz de generar ingresos suficientes para resarcir los daños que causó con el amianto. Hasta finales de 2018, la antigua Uralita consignaba en reserva 27,8 millones de euros para atender litigios pendientes. Pagó 10,2 millones aquel año, fruto de procedimientos ya firmes.

La firma declaró 15,6 millones de euros en pérdidas en 2018, el ejercicio más reciente con datos publicados; en cambio, ganó 8,6 millones en 2017, tras un trienio cerrando con déficit. Las auditorías señalaron en los últimos años que el futuro de Coemac era incierto y lo ligaba al resultado de los pleitos.

«Las posibles dificultades financieras de Coemac no pueden ser en ningún caso una fórmula para eludir la responsabilidad derivada de sus prácticas empresariales y el incumplimiento reiterado de la obligación de proteger la salud», replica el Col·lectiu Ronda, que ha representado a unos 600 demandantes contra la vieja Uralita. La cooperativa de abogados admite que la petición de concurso ha inquietado a afectados y familiares de los fallecidos. Trata de calmarlos recalcando que no conlleva que los pagos cesen y que la ley ampara a quienes aguardan compensación.

El bufete sospecha que la empresa pretende disuadir nuevas denuncias, una vez que la Justicia ha ampliado la concesión de indemnizaciones más allá del personal de los talleres que enfermó. Ronda ha cosechado victorias judiciales que estima en un coste de 26 millones de euros para Uralita. El grueso se concentra en las plantas de Cerdanyola y la de Rocalla en Castelldefels.

Coemac esgrime que ha tratado de obtener liquidez para afrontar las sentencias vendiendo su división de fabricación de tuberías, Adequa, que batió su récord de ventas el año pasado: generó 2,9 millones en beneficios durante los primeros nueve meses de 2019. Queda al margen del posible concurso. En las últimas cuentas anuales, la actual Uralita asegura que le ofrecieron 23 millones de euros por la filial en febrero de 2019. Señala ahora que la operación se ha retrasado. Ya se deshizo de su línea de negocio de yeso en 2017, por lo que se anotó una plusvalía de 36,6 millones.

«Los abogados nos avisaron desde el primer momento que intentaría por todos lados decir que no tiene un duro y no pagar», indica Maite, que cree que la compañía procura «irse de rositas». Urge al Supremo a impartir justicia, para ella y los 38 fallecidos por los que se siente obligada a hablar: «No es por el dinero. En mis circunstancias, el dinero no me arreglará. Pero lo han de pagar porque lo que se nos ha hecho no tiene nombre».

Fuente: www.elmundo.es

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