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El laberinto del vertedero derrumbado

20 Febrero 2020

El jueves 6 de febrero a Zaldibar se le cayó el mundo encima. Este pueblo vizcaíno, de 3.000 habitantes, se dio de bruces contra el medio millón de toneladas de residuos del vertedero de la localidad que se desprendió sobre la AP-8, autopista que conecta Bilbao y San Sebastián. El lugar entró en una espiral de indicios, acusaciones, información con cuentagotas y una dura certeza: bajo los escombros se encuentran casi con seguridad los cuerpos de Joaquín Beltrán, habitual en Zaldibar, y de Alberto Sololuze, vecino de Markina, ambos trabajadores del vertedero. No han podido rescatarlos porque la inestabilidad del terreno dificulta las tareas. El Gobierno vasco, además, ha recomendado a la población que mantenga, en lo posible, las ventanas de las casas cerradas, ante la presencia de dioxinas en el aire.

La empresa que gestionaba esta planta, situada sobre una de las altas colinas que flanquean la carretera, se encuentra en el disparadero de las críticas. El Gobierno vasco ha apuntado a Verter Recycling 2002 como responsable de un “fatal y fatídico accidente laboral”. Un juzgado ha abierto diligencias para investigarla por un presunto delito laboral y ambiental. El Ejecutivo le ha dado una semana para ofrecer un plan de acción para intervenir sobre la avalancha y le ha abierto un expediente sancionador. La empresa se defiende asegurando que el contacto con las autoridades era frecuente y afirma que trabajan “a marchas forzadas” para presentar toda la información solicitada.

El último informe de inspección ambiental sobre Verter Recycling 2002, cuya calificación ha ido descendiendo año tras año, catalogó como “malo” el grado de cumplimiento de las condiciones de autorización ambiental, y solicitó correcciones. La viceconsejera, Elena Moreno, admitió que conocían “cosas que no se hacían bien”, pero que jamás imaginaron que el desenlace pudiera ser catastrófico. Moreno añadió que el departamento “estaba a punto de iniciar un expediente sancionador” por registrar vertidos de materiales no autorizados y ocupar más espacio del permitido.

El corrimiento se produjo hace más de una semana y el paso de las horas solo sirvió para agravar la situación. La primera alarma se encendió según se produjo el desastre: la empresa no era capaz de localizar a siete de sus empleados. Las comprobaciones posteriores redujeron la cifra a dos. La forma de corroborarlo, explican fuentes de Seguridad del Gobierno vasco, fue cruda: llamaron a sus teléfonos y solo Joaquín y Alberto no respondieron.

Amianto

La situación empeoró cuando ya intervenían los servicios de emergencia para estabilizar el lugar y buscar a las víctimas. El vertedero acumulaba materiales con amianto, hasta 4.200 toneladas dentro de las 511.000 de residuos recibidos en 2019. La inhalación de esta sustancia tóxica puede causar graves problemas de salud. Antecedentes como los fallecimientos de trabajadores del metro de Madrid aparecieron en escena, y se detuvieron las labores. Los operarios iniciales habían actuado sin la protección adecuada, algo que encendió las iras de los sindicatos, y solo se retomó la actividad cuando llegaron especialistas. Medio Ambiente salió al paso para certificar que la compañía sí tenía permiso para almacenar amianto.

El temor se ha extendido por la comarca, donde abundan poblaciones en valles rodeadas por peñas de distinta altitud. Las mediciones de calidad del aire y del agua han mostrado por ahora la ausencia de riesgo para la salud, pero no han podido contener los recelos de los vecinos. Tampoco ayuda el humo que siguen emitiendo varios puntos del derrumbe, como cráteres de un volcán de basura que impregna la zona de olor a plástico quemado.

Miles de personas, muchas de ellas con mascarillas y haciendo sonar sirenas y silbatos, participaron este sábado en distintas concentraciones en Ermua (Bizkaia) y en las localidades guipuzcoanas de Eibar y Elgeta, para denunciar la gestión llevada a cabo tras el derrumbamiento del vertedero. Durante las marchas se escucharon gritos reclamando la dimisión del consejero vasco de Medio Ambiente, Iñaki Arriola.

El suceso de la planta de Zaldibar ha coincidido con la convocatoria de las elecciones autonómicas el 5 de abril, y las hostilidades entre los partidos se han desatado. El PNV ha denunciado que varias de sus sedes amanecieron el miércoles con “ataques fascistas y mafiosos” en forma de basura y excrementos; el lehendakari, Iñigo Urkullu, censuró las críticas por no acudir en el primer momento al lugar de los hechos, afirmando que su presencia sería “una escenificación”. La próxima semana tendrá que dar explicaciones en el Parlamento vasco. El PP, Elkarrekin Podemos y Bildu han criticado la gestión del Gobierno.

Finalmente, el miércoles el lehendakari acudió a la escombrera a hablar con los técnicos. Después se vio en Zaldibar con familiares de las víctimas. La tristeza y las incógnitas siguen sacudiendo a los vecinos. El pleno municipal convocado el martes terminó con el teniente de alcalde hundido, llorando al recordar a los desaparecidos. Eran sus amigos.

Fuente: www.elpais.com

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