31 Octubre 2019
El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha establecido recientemente que el mesotelioma pleural padecido por un trabajador jubilado del sector naval y de la industria del papel es consecuencia directa del contacto que mantuvieron con el amianto durante los más de 40 años de vida laboral activa. ELA valora positivamente dicha resolución, que califica la patología como enfermedad profesional, y evita procedimientos judiciales adicionales para su reconocimiento, posibilitando a su vez el inicio de la tramitación de las solicitudes de recargo de prestaciones y responsabilidad civil en su favor.
ELA quiere volver a alertar de que las enfermedades profesionales derivadas del contacto con el amianto son un fenómeno creciente de dimensiones pandémicas, consecuencia directa de una absoluta irresponsabilidad de las empresas y del insuficiente control público producido durante la segunda mitad del pasado siglo veinte. Dado que el período de latencia de este tipo de patologías -principalmente cancerígenas- puede llegar a ser de hasta 50 años, ELA denuncia que en la actualidad nos encontramos ante una problemática de salud pública y laboral interesadamente invisibilizada. Para hacerle frente debe ser una prioridad política y social establecer medios para la prevención y el control de dichas patologías, a fin investigarlas, detectarlas a tiempo, y dar respuesta a las graves consecuencias que suponen para las víctimas y sus familiares.
En ese sentido, ELA insta a la empresas a que dejen de recurrir definitivamente resoluciones y sentencias relativas al amianto, ya que no hacen más que prolongar innecesariamente los procedimientos judiciales y ahondar en el sufrimiento de las personas afectadas. A su vez, y a la vista de la falta de voluntad del parlamento español, ELA insta al Gobierno Vasco a dar los pasos necesarios para la creación de un fondo de compensación propio, que posibilite el resarcimiento económico de las víctimas desde el primer momento y en ningún caso suponga la elusión de responsabilidades por parte de las empresas.
Por último, cabe recordar que un volumen indeterminado del mineral cancerígeno cercano al final de su vida útil permanece instalado sin control alguno a lo largo y ancho del territorio, sin que a día de hoy conste planificación alguna para su identificación y posterior retirada. Por ello, ELA reclama al Gobierno Vasco que renuncie de una vez a asignar dinero público al modelo de concertación social en salud laboral, y destine esos mismos recursos a desarrollar políticas reales desde la administración pública, tales como la ejecución del desamiantado de la CAV.
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