Pensiones: retrasos y frentes abiertos que afectan a miles de españoles

La aritmética parlamentaria está dificultando la aprobación de leyes y el normal funcionamiento del poder legislativo, sin embargo hay medidas aprobadas legislativamente, que simplemente requieren un desarrollo reglamentario, pero que aún no se ha producido.

Fondo de compensación víctimas del amianto

Una de ellas es la que tiene que ver con el fondo de compensación a las víctimas del amianto.Tras varios años de retraso y múltiples litigios, el 19 de octubre se aprobó la Ley 21/2022, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.Según la exposición de motivos de esta ley, en el conjunto del Estado español, entre los años 1994 y 2008 el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fue de 3.943, y está probado científicamente que existe una relación directa entre el consumo de amianto y el mesotelioma.El fondo estatal se crea porque el principal problema es que muchas empresas, donde se produjo la exposición, ya habían desaparecido cuando la enfermedad se manifestó, debido a que muchas de las exposiciones que se produjeron de 20 a 50 años antes. O que los trabajadores y trabajadoras pudieron prestar servicios en diferentes empresas a lo largo de su vida laboral, lo que dificultaba la identificación de la exposición concreta que generó la enfermedad. Ello supone una dificultad añadida en la identificación de las empresas responsables del pago de las indemnizaciones que pueden corresponder a los afectados y las afectadas.De cualquier modo, resulta llamativo, que a pesar del enorme respaldo que tuvo esta ley en el Congreso de los Diputados, hayan pasado más de dos años y sigamos sin el reglamento y por tanto, ni afectados ni familiares de las víctimas hayan podido ser aún indemnizados.

Bomberos forestales

En el sistema público de pensiones existen varios colectivos con coeficientes reductores de la edad que pueden adelantar su edad de jubilación, entre ellos los bomberos, pero curiosamente no estaban incluidos los bomberos forestales.En noviembre del año pasado, se aprobó la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales. Y en la Disposición adicional cuarta se establece que el régimen de jubilación del personal objeto de esta ley, es decir bomberos forestales, se rige por lo dispuesto en la normativa en materia de seguridad social específica aplicable a los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, por tanto los bomberos forestales tendrán derecho a los mismos coeficientes reductores de edad que el resto de bomberos.Sin embargo, la ley da al Instituto Nacional de Seguridad Social, nada más y nada menos, que un plazo de un año para aplicar este reconocimiento. Cinco meses después de su publicación sigue sin aplicarse estos coeficientes a los bomberos forestales.

Jubilación anticipada por razón de actividad

Pero además de los bomberos forestales hay muchos más colectivos que demanda esta posibilidad de adelantar su edad de jubilación (transportistas, sanitarios, cuidadoras de ayuda a domicilio, Kellys, etc.). Pues bien, la disposición final segunda de la última reforma de pensiones de 2021, que el Ejecutivo sacó adelante con el apoyo de sindicatos y patronal, se establecía que en plazo de tres meses había que regular un nuevo procedimiento para determinar qué otras profesiones penosas o peligrosas podrían acogerse a esta modalidad de jubilación anticipada por razón de actividad.No han pasado tres meses, sino que han pasado tras años, cuando en octubre de 2024 el Consejo de Ministros aprobó por fin el nuevo reglamento para la modificación del régimen jurídico y el procedimiento general para determinar la procedencia del establecimiento de coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.Pues a pesar ello y de que la ministra de Seguridad Social, Elsa Saiz, anunció que en febrero de 2025 podría estar aprobado el reglamento, lo cierto es que, a día de hoy, el reglamento continúa sin ver la luz y millones de trabajadores esperando la posibilidad de acogerse a esta modalidad de jubilación anticipada.

ASJUBI40

También, en relación a la jubilación anticipada, la asociación ASJUBI40 lleva cerca de una década reivindicando al gobierno de España que elimine los coeficientes reductores que penalizan perpetuamente las pensiones de jubilación anticipada a trabajadores con 40 o más años de cotización.El colectivo considera injusto que se penalice a trabajadores que han contribuido durante más de 40 años al sistema público de pensiones. Durante ese tiempo, se han presentado varias enmiendas a leyes anteriores, que o bien no salieron adelante o decayeron con el adelanto electoral, sin embargo, en la actualidad, hay registrada por parte de Podemos una proposición de Ley con el objetivo de que el Congreso de los Diputados debata y promueva la eliminación de los coeficientes reductores de pensión en las largas carreras de cotización a la Seguridad Social, aunque las personas se hayan retirado anticipadamente.Actualmente hay más de 860.000 pensionistas afectados por esta penalización esperando una respuesta a su demanda.

Agenda Estatal de Seguridad Social

Y dentro de la propia administración también hay retraso. En la disposición final tercera de la Ley 21/2021 se establecía que en el plazo de seis meses se crearía la agencia estatal de la administración de la seguridad social, con la finalidad de garantizar la simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia en el sistema de seguridad social.Pues bien, cuatro años más tarde, este prometido proyecto, prometido por todos los gobiernos, continúa aún sin despegar.

Mutualidad de la abogacía

Otro frente abierto que tiene el Ministerio es el que tiene que ver con la mutualidad de la abogacía. Este conflicto no es reciente, sino que se remonta a décadas atrás. Durante muchos años los abogados podían optar entre cotizar al Régimen de Autónomos o a la Mutualidad de la abogacía. En teoría, ese sistema mutualista ofrecía una alternativa más flexible y rentable a largo plazo, pero con el paso de los años se ha comprobado que no es así, porque las pensiones de los mutualistas eran extremadamente bajas en comparación con las prestaciones de la seguridad social.Pues después de mucho tiempo, el pasado noviembre, hace cuatro meses, se presentó una proposición de ley, para permitir, con ciertas condiciones, a los más de 60.000 abogados mutualistas afectados, poder pasarse al régimen de autónomos. A día de hoy, esta proposición, todavía no se ha debatido.En definitiva, muchos frentes abiertos y enquistados en un contexto internacional muy complicado y con un clima de confrontación nacional altamente polarizado que dificulta enormemente la puesta en marcha de estas medidas y reivindicaciones.

Fuente: www.elplural.com

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